A dos días de que inicien las campañas presidenciales, el aspirante a una candidatura independiente, Armando Ríos Piter, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar una demanda de juicio para la protección de sus derechos y denunciar presuntas violaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para frenar sus aspiraciones.

Acusó que el INE llevó a cabo distintas violaciones a los lineamientos que los mismos consejeros validaron en su momento, lo que derivó en una alteración de los apoyos recabados por él en su búsqueda por una candidatura independiente para la Presidencia.

"Acudo a la justicia electoral, porque mis derechos sustantivos han por violaciones al debido proceso por parte del INE. Esa es la controversia que hoy someto a este honorable Tribunal”, dijo.

“Presento esta demanda de justicia en la oficialía de partes del Tribunal y no en la del instituto, porque he visto con tristeza cómo han chicaneado el proceso, por parte del INE; cómo actuaron en la obscuridad y cómo quieren denostarme y denostarnos a todos”, reclamó.

Ríos Piter lamentó que este caso signifique un freno a los ciudadanos para buscar por la vía independiente, la cual “es una vía alterna a un sistema de partidos que hoy está podrido”.

De acuerdo con el instituto electoral, El Jaguar recolectó un millón 765 mil 599 apoyos ciudadanos; no obstante, en el proceso de validación, sólo 242 mil 646, en tres entidades, fueron avaladas, por lo que se quedó a 623 mil 947 firmas y a 14 entidades de obtener un lugar en la contienda electoral.

En distintas ocasiones el aspirante ha reiterado que no está de acuerdo con que las firmas invalidadas son simuladas, ya que “son de carne y hueso”.

“En esta lamentable historia estamos hermanados ciudadanos de carne y hueso, reducidos todos por el INE a simples simulaciones y criminalizados por participar por la vía independiente”, manifestó Ríos Piter.

Confió que derivado de las indagatorias que el TEPJF lleve a cabo en el caso, “advertirá las fallas a la seguridad jurídica y el debido proceso y que en consecuencia corroborará su vocación democrática para que sean los ciudadanos y no el extraño activismo de una autoridad empeñada en no dejarme participar quien decida quién debe presidir a México”.