CDMX.- El Senado se prepara para analizar, en comisiones, la construcción en consenso del dictamen sobre la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio —que abroga la Ley Federal en la materia, que fue avalada en 2009— y forma parte de las leyes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Hasta ahora, la Comisión de Justicia cuenta con tres iniciativas: una de Morena, otra del PAN y una más del PRD; las tres coinciden que la extinción de dominio se aplicará para los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, extorsión y todo lo relacionado con hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Las tres propuestas establecen que, con la extinción de dominio, el Estado aplicará a su favor los bienes y derechos de carácter patrimonial, cuya procedencia no pueda ser acreditada o esté relacionada con investigaciones referentes a los delitos antes mencionados.

La diferencia es que mientras Morena propone cambiar de nombre al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) por el Instituto Nacional para la Administración y el Destino de Bienes de Procedencia Ilícita (Inadeb), pero dejándole las mismas facultades; el Partido Acción Nacional (PAN) sugiere dejar el SAE tal y como está.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) considera la necesidad de desaparecer el SAE y crear un fondo nacional de extinción de dominio como un ente a nivel nacional que lleve a cabo la administración, rehabilitación, aprovechamiento y monetización de los bienes sujetos, el cual tenga un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, con responsabilidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión.

La iniciativa del PAN señala que toda la información que se genere con relación a esta ley se regirá a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, y a la legislación en la materia en las entidades. El PRD, por su parte, señala que la información se debe considerar “restringida” a dichas leyes. Morena ni siquiera hace mención.

El “Sol Azteca” señala que el Fondo Nacional deberá entregar un informe anual al Poder Legislativo, el PAN sugiere que lo debe hacer la Fiscalía General sobre el ejercicio de extinción de dominio y Morena no lo propone.

Los tres coinciden en la necesidad de contar con juzgados especializados en extinción de dominio en todo el país y en que haya medidas cautelares en el aseguramiento de bienes y el embargo precautorio. El PAN y Morena piden que el Ministerio Público sea el competente, mientras que el PRD sugiere que haya una Fiscalía Especializada.

El PRD propone la monetización de los bienes asociados a conductas delictivas, además de otorgar facultades a la Federación y a los estados para disponer de los bienes cuando exista riesgo de deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione prejuicios; en esto último concuerda el PAN. Los tres partidos proponen que los recursos sean usados en programas sociales y prevención de adicciones, entre otros.

ENTÉRESE

>  Morena, PAN y PRD coinciden en contar con juzgados especializados en extinción de dominio en el país y en medidas cautelares en el aseguramiento de bienes.