Por Andrea Vega (@EAndreaVega) para Animal Político

Para 2018, las mujeres han manifestado su deseo de contender por la presidencia de la República, por ocupar un escaño en el Congreso (donde se elegirán a 128 senadoras o senadores y 500 diputadas o diputados) y por competir por 2,818 cargos de elección popular. Sin embargo, hay un pendiente por resolver para garantizar la equidad de género en las próximas contiendas electorales: acabar con la violencia política contra las mujeres.

Entre 2012 y 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) detectó 156 casos de violencia política contra las mujeres. De estos, tres fueron en 2012; uno en 2013, ninguno en 2014, y después ha venido el repunte: 92 se registraron en 2015 y 60 en 2016. La Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de denuncias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

La Fepade señala en su Informe sobre la atención de Violencia política contra las mujeres, siete conductas delictivas que la implican. Obstaculizar o interferir en el desarrollo normal de las votaciones; impedir la instalación o clausura de una casilla (violencia como agravante) o realizar actos que provoquen temor o intimidación en el electorado.

Así como hacer mal uso de materiales o documentos públicos electorales y de equipos o insumos necesarios para la elaboración de credenciales; obstruir el desarrollo normal de la votación; ejercer presión, en ejercicio de funciones, sobre los electores y obstaculizar el desarrollo normal de la votación o ejercer violencia sobre los funcionarios electorales.

Itzi-Guari Hurtado, subdirectora de Política Criminal de la Fepade, explicó, durante el foro “Propuestas para la Participación y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres, que aún no hay un tipo penal que especifique qué es este tipo de violencia y tampoco hay un agravante.

“En la Fepade (lo que hacemos) si llega un asunto y hay la probable comisión de un delito electoral, se integra o se abre una carpeta de investigación, y si existe un elemento que acredite la violencia política contra las mujeres, damos acompañamiento a las víctimas de parte de la oficina de derechos humanos, y le damos vista a la autoridad competente, si hay un acto de discriminación puede ser Conapred”.

La propuesta para la tipificación del delito de violencia política contra las mujeres se está analizando todavía en el Senado de la República. Mientras, la sociedad civil ha empezado a movilizarse.

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