El círculo se va cerrando. Gracias a la investigación de Animal Político y la organización “Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad”, estamos a punto de concluir que las empresas fantasmas creadas en Veracruz y Chihuahua durante los sexenios de los Duarte fueron usadas para desviar dinero de los Gobiernos estatales a las campañas electorales del PRI.

 

En Veracruz, las pesquisas terminaron en la punta de la pirámide, con el encarcelamiento del exgobernador Javier, y en Chihuahua el asuntó avanzó –de momento– hasta recluir al priísta saltillense Alejandro Gutiérrez.

 

Pero en Coahuila también hace aire.

 

El lunes pasado el exdiputado local panista Jesús de León informó que durante un cuatrimestre la Legislatura LX del Congreso, a cargo entonces de José María Fraustro (hoy secretario de Gobierno), escondió (“congeló”, como se le llama en el argot legislativo) un informe presentado el 7 de agosto por la Auditoría Superior del Estado (dependiente del mismo Poder Legislativo) sobre las empresas fantasmas que recibieron dinero público de la Secretaría de Finanzas por servicios inexistentes.

 

Aquí viene lo interesante: en el citado documento ASE-10009-2016, ordenado el 11 de octubre de 2016 por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, se actualiza el monto del desfalco: 410 millones 061 mil 771 pesos a través de 179 pagos irregulares a 13 “proveedores” que no estaban inscritos en el padrón, entre 2015 y 2016 (año en que aparentemente concluyó la sangría de recursos públicos tras ser descubierto el asunto por Grupo Reforma).

 

La Auditoría, cabe señalar, no pudo comprobar los servicios prestados ni el destino de los bienes recibidos; inclusive observó que no se presentaron cotizaciones ni licitaciones. Tampoco consta –repito, según la Auditoría encabezada por Armando Plata– que haya expedientes de los procesos de adjudicación. Ajá.

 

Como todo mundo lo sabe, María Esther Monsiváis, secretaria de Infraestructura durante la administración anterior, figuró como propietaria de una de las firmas fachada: “Riviera Álamo, S.A. de C.V.”, la cual recibió 48.4 millones de pesos, provenientes en total de la Secretaría de Desarrollo Social en tiempos de Rodrigo Fuentes. Y como se publicó en este mismo espacio el 29 de marzo de 2015, el responsable de autorizar esos pagos (además de Rubén Moreira, obvio) fue Julián Montoya de la Rosa, subsecretario de Egresos.

 

Sin embargo, dicho funcionario acaba de ser nombrado como Tesorero del Congreso con el voto unánime de los 25 legisladores que tendrán como misión –al menos la bancada del PAN (integrada por nueve curules) lo ha manifestado así– esclarecer y castigar el desfalco. Una Legislatura que, en palabras de Marcelo Torres Cofiño durante su discurso inaugural, “no será títere de ningún gobernador, menos de uno cuya falta de legitimidad lo acompañará durante todo su mandato”.

 

De no creerse. Literalmente pusieron la Iglesia en manos de Lutero.

 

Y resulta que a la Subsecretaría de Egresos vacante arribó Xavier Herrera Arroyo, quien ha sido señalado por “enriquecimiento súbito” durante las administraciones municipales de Eduardo Olmos y Miguel Riquelme, en Torreón, a través de un espléndido reportaje publicado en El Universal por el reportero Francisco Rodríguez Lozano.

 

En este caso, como reza el dicho campirano, pusieron al perro a cuidar la longaniza.

 

¿Qué debe suceder para que las instituciones funcionen en Coahuila?, ¿acaso vivimos en un paraíso delincuencial, en un portal dimensional donde no existe tiempo y espacio, en un bucle donde nada sucede y las cosas regresan a su estado original después de la medianoche?

 

Si un ejemplo de corrupción descarnada y a ojos vistos como éste no se castiga conforme a la legislación vigente, ¿dónde queda el orden constitucional?, ¿realmente vivimos en un Estado de derecho?, ¿alguien se acuerda que desde agosto de 2017 existe la Fiscalía Anticorrupción?

 

En septiembre del año pasado, Animal Político y “Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad” detectaron contratos ilegales del Gobierno federal por 7 mil 670 millones de pesos con idéntico modus operandi al de Coahuila: empresas inexistentes. La trama fue bautizada como “La Estafa Maestra” y esta semana escaló hasta el precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade.

 

Al transparentar la triangulación de fondos que ha implementado el PRI para perpetuarse en el poder, en Chihuahua, por su parte, el mandatario Javier Corral tocó un nervio principal del sistema político, como bien lo definió Denise Dresser en su columna del 8 de enero en Reforma. Hoy más que nunca es posible desmadejar el tema hasta la médula.

Y Coahuila, ¿cuándo expiará sus (empresas) fantasmas?