Aunque hay legislación vigente desde noviembre 4 de 2003, más que una obligación legal, la transparencia en Coahuila es una concesión graciosa de las autoridades que depende de las circunstancias, de la conveniencia, del estado de ánimo y de que estemos o no en año electoral (desde 2011 todos, salvo 2016, han sido comiciales). Me explico.

 

A casi 14 años de instaurado el acceso a la información como sistema, y luego de reformas de fondo para presuntamente facilitarlo, actualmente se halla en un punto muerto gracias a que Gobierno del Estado sistemáticamente ha dejado de responder a las solicitudes que le corresponden. Ni peticiones de prórroga siquiera. Así de sencillo.

 

Puede usted verificarlo con cualquier sujeto obligado a contestar: pese a que existen pesos y contrapesos en su actuación, si éste no quiere soltar prenda, puede allanarse y no entregar nada. Y sabe qué: no habrá poder humano que lo obligue.

 

Eso que los alemanes llaman “realpolitik”. No teoría ni filosofía, sólo pragmatismo crudo.

 

La Secretaría de Finanzas, por ejemplo, el 2 de mayo emitió la última respuesta a través de la plataforma Infomex Coahuila. La Secretaría de Gobierno el 12 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Social el 25 de abril, la Secretaría de Cultura el 26 de abril y la Secretaría de Infraestructura y Transporte un día después, el 27 de abril, por citar algunas dependencias del Poder Ejecutivo verificadas por quien esto escribe.

 

Esos dos meses en blanco coinciden, casualmente, con las campañas electorales y el periodo poselectoral. Ningún día de los señalados, cabe descatar, es inhábil o sujeto de veda.

 

Si bien cualquier administración experimenta un declive natural de actividades en su último año de ejercicio, y a ello es necesario sumar el antinatural impasse democrático en que cayó el Estado luego del 4 de junio (el cual concluirá hasta que anule o valide la elección de Gobernador el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), éstos no son pretextos para la cerrazón y la opacidad. Ni para normalizar el fenómeno, por lo demás.

Por el contrario, evidencian un sistema endeble basado en actos de fe, no uno estructurado y confiable. Y particularmente se trata del mensaje que envía Gobierno del Estado: no dar elementos para el cuestionamiento, no dar “armas” a los observadores del quehacer público en un lapso donde la gobernabilidad está en riesgo.

 

No sucedió de la noche a la mañana. Antes del eclipse total, en el primer trimestre de 2017, las respuestas de la administración estatal se resumían a tres cosas: “no obra en archivos”, “es inexistente” y “no hay registros”. Eso sí, “después de una búsqueda exhaustiva”.

El trasfondo, sin embargo, es aún más profundo: si ese vínculo entre ciudadano y gobernante desaparece, nos encontramos, entonces, en un estado de excepción, no en un Estado de derecho. Y en el horizonte sólo el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información aparece como responsable de restaurar la relación.

 

La Iglesia en manos de Lutero. Desde que Teresa “Tessy” Guajardo abandonó el consejo del ICAI para ir en pos de una diputación local con el PRI en la Región Carbonífera –misma que perdió, justo es decirlo–, la vacante no ha sido ocupada. Ella no puede regresar como Comisionada pues el artículo 201, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se lo impide: “no tener antecedentes de una militancia activa o pública y notoria en un partido político, cuando menos cinco años antes de su designación”. ¿Por qué no ha existido entonces una convocatoria para ocupar esa plaza?

 

Una prueba más de que lo electoral en Coahuila condiciona a lo laboral.

 

En defensa de la transparencia, alguien podrá argumentar que ya no hay interés en preguntar a un Gobierno que ya se va. Nada más alejado de la realidad. Sencillamente no hay respuestas. La nada jurídica. El Gobierno de Coahuila nos dejó en visto y se desconectó, por decirlo en lenguaje de redes. Su última conexión fue antes de las elecciones. 

 

Mientras tanto hay un ciudadano con constancia de mayoría expedida por el IEC, pero sin legitimidad, y un Gobernador constitucional sin gobernabilidad.

 

Quién gobernará los próximos 150 días, es la pregunta.