CIUDAD DE MÉXICO.- De los 18 magistrados en materia de responsabilidades administrativas propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado, 10 tienen vínculos o antecedentes partidistas. 

De acuerdo con un estudio elaborado por la bancada del PT en la Cámara Alta, que revisó sus trayectorias y perfiles, seis de los aspirantes tienen relación con el PAN, cuatro con el PRI y a los otros ocho no se les encontró ningún vínculo partiditas.

Según el documento, de las propuestas del Ejecutivo para integrar la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), Álvaro Castro Estrada tiene vínculos con el PAN; Jesús Rojas Ibáñez con el PRI y María Zaragoza Sigler con el PAN. 

Castro Estrada fue subsecretario de Trabajo en el periodo en que el senador con licencia Javier Lozano Alarcón (PAN) fue titular de la dependencia; Rojas Ibáñez es secretario de Estudio y Cuenta en la Ponencia del Ministro de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se le vincula con el PRI. 

Zaragoza Sigler fue secretaria técnica de la Comisión de Hacienda del Senado en las 58 y 59 legislaturas, cuando dicha comisión fue presidida por el entonces senador del PAN, Fauzi Hamdan.

También fue secretaria técnica de la Comisión de Seguridad Social del Senado en la 60 Legislatura y parte de la 61 (2006 a 2010), cuando esta comisión legislativa era presidida por el entonces senador del PAN, Guillermo Anaya.

En el caso de las salas especializadas, la bancada del PT detectó que la propuesta de Verónica Aguilera Orta tiene vínculos con el PAN, pues fue candidata suplente a diputada federal plurinominal del PAN por la Cuarta Circunscripción en las elecciones federales de 2009. 

Quien también tiene vínculos panistas es la aspirante Ana Yadira Alarcón Márquez, quien fue suplente de la diputada federal Margarita Saldaña Hernández (PAN) en la 62 Legislatura.

También se le ha relacionado con el PAN al aspirante Miguel Guillermo Aragón Lagunas, quien trabajó en la coordinación de asesores de la subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox.

Víctor Mariel Soulé ha sido identificado como cercano a Acción Nacional, pues fue secretario técnico de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en la 57 Legislatura, cuando Santiago Creel presidió dicha comisión legislativa. 

Cuando Creel Miranda fungió como secretario de Gobernación, Mariel Soulé ocupó diversos cargos en esta dependencia, como encargado de despacho de la subsecretaría de Asuntos Migratorios, secretario General del Cisen y jefe de Agenda del entonces secretario de Gobernación.

Por parte de los aspirantes que tienen vínculos con el PRI, se encuentra Carlos Antonio Alpizar Salazar, quien fue propuesto por el gobernador Eruviel Ávila dentro de la terna que remitió al Congreso local para ocupar el cargo de fiscal general de la entidad.

También se liga al tricolor con Luis Eduardo Uturriaga Velasco, abogado de la Escuela Libre de Derecho, así como a Marco Antonio Palacios Ornelas, quién ocupó diversos cargos en la Secretaría de la Función Pública, por designación del entonces encargado de despacho, Julián Olivas Ugalde, militante del PRI. 

El pasado 25 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado estas propuestas para su ratificación, empero diversos actores han expresado su preocupación por la forma en que se pretende elegir a los 18 magistrados anticorrupción; sin embargo, como la Cámara Alta está en receso, la Comisión Permanente también tienen facultades para resolver esas designaciones. 

Los magistrados serán los encargados de decidir cuáles son las acciones administrativas graves en el nuevo esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. 

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción —que preside Jacqueline Peschard— ha solicitado en dos ocasiones, ante el Senado y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que se transparente el proceso de ratificación de los magistrados. 

Para ello requirió al Ejecutivo la información que permita conocer el procedimiento seguido para la designación de los tres magistrados de la Sala Superior del TFJA y de 15 magistrados de Salas Regionales Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas, así como las consideraciones y evaluaciones realizadas al efecto.

También pidieron que el Senado haga público el procedimiento de ratificación de los 18 nuevos magistrados del TFJA, bajo los principios de transparencia, parlamento abierto y máxima publicidad.

La organización ciudadana Designaciones Públicas solicitó el pasado 7 de julio al Senado que se comprometa públicamente a que la Junta de Coordinación Política y las comisiones encargadas de las designaciones del SNA hagan explícitos los criterios y razones para elegir a cualquier candidato o candidata con el mismo rigor que se le está exigiendo a la Comisión de Selección del CPC. 

"También es necesario que se abran espacios de deliberación que permitan la valoración pública de los y las candidatas propuestas y que se incluyan mecanismos de comunicación y difusión en el marco del proceso de la designación", dijo.

El sábado pasado, EL UNIVERSAL publicó que el próximo miércoles el Sistema Nacional Anticorrupción iniciará funciones, pero incompleto.

Lo anterior, porque lo hará sin fiscal anticorrupción, magistrados especializados ni sistemas estatales completos, lo que pone en riesgo su operatividad, de acuerdo con especialistas.

El Senado incumplió con la designación del fiscal de la PGR para el tema y en la ratificación de 18 magistrados, lo cual tenía como plazo el miércoles próximo.

La falta de nombramientos es un tema fundamental, pues sin esas figuras "tendremos un sistema anticorrupción cojo", advirtió la diputada Minerva Hernández (PAN), integrante del Caucus Anticorrupción en San Lázaro.

"Los trabajos del SNA no se pueden detener, porque hay un mandato de ley; lo que va a pasar es que operará con deficiencias", aseguró el investigador del CIDE, Mauricio Merino.

Para Fernando Nieto, ex integrante del Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del fiscal anticorrupción, el gran problema es que el sistema está incompleto.

El próximo miércoles 19 de julio vence también el plazo constitucional para que los estados tengan su legislación anticorrupción. Sin embargo, de las 32 entidades federativas, sólo Chiapas y Nayarit tienen una ley satisfactoria, de acuerdo con diversos reportes de organismos civiles.